CENSURA EN EL SECTOR SALUD – El boletín epidemiológico en Venezuela se encuentra bajo censura
Caracas.- Más de 1.600 casos de sarampión se han registrado en lo que va de año en Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador y Perú. En Brasil, ocurrieron 2.576 episodios de malaria en 2017. Todo esto casos fueron importados de Venezuela.
De acuerdo un trabajo publicado por El Nacional, La emigración venezolana ha llevado más allá de las fronteras las consecuencias de la crisis en Venezuela. La emergencia, si alguien se atiene a lo que señala un documento de la Organización Panamericana de la Salud, discutido hace poco en el consejo directivo de ese organismo, parece haber aparecido repentinamente: “Se han registrado brotes de difteria, sarampión y malaria que se han propagado con rapidez, afectando a muchos de los 23 estados del país y el Distrito Capital al mismo tiempo”, indica el texto que describe la crisis, bautizado con el rebuscado título de “Respuesta de la OPS para mantener una agenda eficaz de cooperación técnica en Venezuela y en los Estados miembros vecinos”.
La médica Marianella Herrera, presidenta del Observatorio Venezolano de la Salud, señala en cambio que la emergencia humanitaria venezolana ha sido de instalación lenta y progresiva, pese a que la OPS, así como otros organismos internacionales, parecen sorprenderse ahora por la magnitud del deterioro sanitario, que se expresa en cifras como los 1.217 casos y 168 muertes causadas por la difteria en los últimos 3 años; los 4.272 episodios de sarampión contabilizados desde 2017 o los 406.289 casos de malaria registrados solo el año pasado.
Los datos se conocen porque los difunde la propia OPS, pues no hay una fuente oficial venezolana que los dé a conocer. “Tal pareciera que los silencios epidemiológicos impuestos por las autoridades venezolanas cumplen el papel de ocultar la información para que no se sepa la verdad que permita tomar las medidas necesarias cuando hay un problema público de salud”, apunta Herrera.
El último boletín epidemiológico difundido oficialmente por el Ministerio de Salud corresponde a la semana final de 2016, y su publicación, en febrero de 2017, le costó el cargo poco después a la entonces ministra de Salud, Antonieta Caporale. El documento había visto la luz luego de más de 15 meses de silencio sobre las epidemias del país y tenía datos que ya movían al escándalo: la mortalidad infantil había aumentado 30% con respecto a 2015, pues habían fallecido 11.466 niños menores de un año. Otro dato dramático en el boletín era que la mortalidad materna se había incrementado 66%, pues en el mismo período fallecieron 756 embarazadas. Ese fue el último informe de su tipo del que se tiene noticia, lo cual significa que van 19 meses de silencio, en medio de la agudización de la crisis humanitaria incubada por la escasez de alimentos y medicinas.
A mediados de 2007, mientras estaba al frente del ministerio Jesús Mantilla, comenzó a interrumpirse la difusión del boletín, recuerda José Félix Oletta, exministro de Sanidad y Asistencia Social y miembro de la red Defendamos la Epidemiología Nacional, una de las organizaciones que ha asumido la tarea de constituir un frente paralelo para tratar de llenar el vacío de información.
“Es una política de Estado que corresponde a una visión autoritaria: pretenden tener el monopolio de la información, hasta de los datos epidemiológicos, pues quien maneja la información tiene el poder. No quieren someterse a ninguna contraloría social ni institucional, ni quieren ser cuestionados por el manejo de los recursos o por las fallas en los planes de prevención de enfermedades. Quieren ocultar su fracaso detrás de la hegemonía comunicacional”, señala Oletta.
El boletín epidemiológico, que se daba a conocer semanalmente, contenía información acerca de 72 enfermedades de notificación obligatoria en el país. El detallado seguimiento realizado por Oletta desde que comenzaron las interrupciones de ese documento desde hace 11 años, permite advertir que al menos 18 eventos epidémicos fueron ocultados o se informó tardíamente de ellos debido a la desaparición del documento.
Situaciones similares se han sucedido con eventos como las epidemias de sarampión, malaria, parotiditis y zika, entre otras. La política oficial parece resumirse en declaraciones en 2013 de la ministra de Salud Isabel Iturria, quien cuando fue interrogada sobre el impacto de la gripe AH1N1, manifestó: “Yo no voy a decir los números”. O en las que expresó el ex ministro Henry Ventura en 2014, cuando advirtió que el boletín epidemiológico no iba a salir “más nunca”.
La médica Marianella Herrera, presidenta del Observatorio Venezolano de la Salud, señala en cambio que la emergencia humanitaria venezolana ha sido de instalación lenta y progresiva, pese a que la OPS, así como otros organismos internacionales, parecen sorprenderse ahora por la magnitud del deterioro sanitario, que se expresa en cifras como los 1.217 casos y 168 muertes causadas por la difteria en los últimos 3 años; los 4.272 episodios de sarampión contabilizados desde 2017 o los 406.289 casos de malaria registrados solo el año pasado.
Los datos se conocen porque los difunde la propia OPS, pues no hay una fuente oficial venezolana que los dé a conocer. “Tal pareciera que los silencios epidemiológicos impuestos por las autoridades venezolanas cumplen el papel de ocultar la información para que no se sepa la verdad que permita tomar las medidas necesarias cuando hay un problema público de salud”, apunta Herrera.
El último boletín epidemiológico difundido oficialmente por el Ministerio de Salud corresponde a la semana final de 2016, y su publicación, en febrero de 2017, le costó el cargo poco después a la entonces ministra de Salud, Antonieta Caporale. El documento había visto la luz luego de más de 15 meses de silencio sobre las epidemias del país y tenía datos que ya movían al escándalo: la mortalidad infantil había aumentado 30% con respecto a 2015, pues habían fallecido 11.466 niños menores de un año. Otro dato dramático en el boletín era que la mortalidad materna se había incrementado 66%, pues en el mismo período fallecieron 756 embarazadas. Ese fue el último informe de su tipo del que se tiene noticia, lo cual significa que van 19 meses de silencio, en medio de la agudización de la crisis humanitaria incubada por la escasez de alimentos y medicinas.
A mediados de 2007, mientras estaba al frente del ministerio Jesús Mantilla, comenzó a interrumpirse la difusión del boletín, recuerda José Félix Oletta, exministro de Sanidad y Asistencia Social y miembro de la red Defendamos la Epidemiología Nacional, una de las organizaciones que ha asumido la tarea de constituir un frente paralelo para tratar de llenar el vacío de información.
“Es una política de Estado que corresponde a una visión autoritaria: pretenden tener el monopolio de la información, hasta de los datos epidemiológicos, pues quien maneja la información tiene el poder. No quieren someterse a ninguna contraloría social ni institucional, ni quieren ser cuestionados por el manejo de los recursos o por las fallas en los planes de prevención de enfermedades. Quieren ocultar su fracaso detrás de la hegemonía comunicacional”, señala Oletta.
El boletín epidemiológico, que se daba a conocer semanalmente, contenía información acerca de 72 enfermedades de notificación obligatoria en el país. El detallado seguimiento realizado por Oletta desde que comenzaron las interrupciones de ese documento desde hace 11 años, permite advertir que al menos 18 eventos epidémicos fueron ocultados o se informó tardíamente de ellos debido a la desaparición del documento.
Situaciones similares se han sucedido con eventos como las epidemias de sarampión, malaria, parotiditis y zika, entre otras. La política oficial parece resumirse en declaraciones en 2013 de la ministra de Salud Isabel Iturria, quien cuando fue interrogada sobre el impacto de la gripe AH1N1, manifestó: “Yo no voy a decir los números”. O en las que expresó el ex ministro Henry Ventura en 2014, cuando advirtió que el boletín epidemiológico no iba a salir “más nunca”.