Jueza Susana Barreiro condenó injustamente a Leopoldo López a casi 14 años de cárcel

13 años, 9 meses y 7 días. Ese es el tiempo que deberá pasar tras las rejas el dirigente opositor Leopoldo López, luego de que esta noche la jueza 28 de Juicio de Caracas, Susana Barreiros, lo declarara culpable de los cuatro delitos por los cuales lo acusó el Ministerio Público por su participación en los disturbios ocurridos en la capital el 12 de febrero de 2014, luego de la marcha opositora que ese día se celebró.
La información la suministraron fuentes del Ministerio Público y fue confirmada por las defensas, las cuales revelaron que la funcionaria resolvió que el exalcalde de Chacao cumplirá su condena en la cárcel militar de Ramo Verde (Los Teques), donde permanece recluido desde que el 18 de febrero de 2014 se entregó a las autoridades.
Pero la jueza no solo condenó a López, sino también a los estudiantes Cristian Holdack, Ángel González y Demián Martín, sin embargo ellos no irán a un calabozo. En el caso de Holdack, quien fue condenado a 10 años de prisión, la jueza Barreiros decidió mantener la medida humanitaria que hace unos meses le impuso el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) por motivos de salud, razón por la cual podrá cumplir con su sanción en la calle y solo tendrá que presentarse cada 15 días ante los tribunales.
González y Martín, por su parte, no terminarán en prisión porque la condena impuesta (4 años y seis meses de cárcel) es menor al límite que fija el Código Orgánico Procesal Penal (COPP) para cumplirla en una celda. La jueza decidió mantenerles las medida de presentación cada 15 días ante los tribunales.
Barreiros comenzó a leer su veredicto pasadas las 9:30 de la noche, casi dos horas después de lo fijado por ella misma. Ahora la funcionaria tiene diez días para publicar la sentencia, donde deberá explicar los motivos por los cuáles consideró probados los cuatro delitos que le achacó el Ministerio Público (asociación para delinquir, instigación pública y determinador en los delitos de incendio y daños).
La defensa de López ha sostenido que no hay asociación, porque López y los estudiantes no se conocían hasta que se inició este proceso y porque no eran miembros de una organización criminal. También rechazó el señalamiento de instigación, por cuanto el opositor jamás llamó expresamente a la violencia y así lo reconoció hasta testigo clave de la Fiscalía, la lingüista Rosa Amelia Asuaje. Igualmente negó que se le pudiera responsabilizar del incendio a la sede principal del Ministerio Público, por cuanto esta edificación no ardió; ni de los daños que sufrieron seis patrullas de la policía científica, porque dos adolescentes que acudieron como testigos al juicio confesaron que ellos por “voluntad propia” las atacaron.
Un fallo previsible
Las declaraciones que desde el mismo momento en que se inició este proceso hicieron altos funcionarios del Gobierno hacía prever este desenlace. Incluso hoy, en horas de la mañana, la decisión de la exjefe del Distrito Capital y candidata del Partido Socialista Unido de Venezuela, Jacqueline Farias, de convocar una concentración en la plaza Diego Ibarra para esperar el fallo de la jueza Barreiros parecía indicar que el mismo no favorecería a López y a los estudiantes.
El exalcalde de Chacao estaba consciente de ello y por ello durante la larga exposición que hoy realizó le soltó a la funcionaria: “Usted tiene más miedo que de dictar esta sentencia que yo de escucharla”, aseveró la abogada Elenis Rodríguez y otros presentes en la sala de audiencia.
López sostuvo que el proceso en su contra buscaba criminalizar la palabra, por cuanto se le estaba acusando de incitar a los hechos de violencia registrados el año pasado por impulsar “La Salida”.
El dirigente echó mano de la sentencia de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia que el 11 de noviembre de 2009 libró al fallecido Hugo Chávez de un juicio. En ese dictamen se respondía a una denuncia que el constituyente Hermann Escarrá interpuso contra el desaparecido mandatario, al que acusó de “instigación a delinquir, apología del delito e incitación al odio” porque meses antes afirmó: “Le vamos a entrar a Batasos (por los batallones socialistas)”, según el denunciante esto era una amenaza contra sus adversarios, pero el máximo juzgado consideró que las palabras no podían interpretarse literalmente y que eran parte del debate político.
Asimismo reiteró que “La Salida” era constitucional y enumeró los mecanismos constitucionales que, según él, la permiten. Asimismo la justificó asegurando que los poderes públicos en Venezuela violan la Constitución.
El Universal