No hay que descartar que decreten Estado de excepción para impedir elecciones
Hemos visto un repentino y sorprendente despliegue del gobierno del presidente Maduro, generando decretos vinculados a viejos reclamos sobre soberanía territorial y marítima con Colombia y Guyana.
Esto, en los mejores términos, es absolutamente adecuado ya que sendos decretos operan a favor de Venezuela. Sin embargo, pareciera que de fondo, más que una seria lucha por el restablecimiento de nuestra soberanía en espacios y territorios, establecidos por laudos arbitrales internacionales donde Venezuela permanentemente ha sido afectada por un inepto desempeño de nuestros “negociadores”, la utilización política de estos decretos pareciera tener como intención, poder manejar una carta debajo de la manga a la hora de que Maduro pueda ver en riesgo que el pueblo venezolano rompa la polarización política y abra camino hacia opciones verdaderamente revolucionarias, originariamente socialistas y democráticas.
Tal como está expresado en el artículo 237 de la constitución bolivariana:
El Presidente o Presidenta de la República, en Consejo de Ministros, podrá decretar los Estados de excepción. Se califican expresamente como tales las circunstancias de orden social, económico, político, natural o ecológico, que afecten gravemente la seguridad de la Nación.
Este Estado de excepción contempla la posibilidad de suspender procesos electorales si así se considera necesario, y esto es pertinente pensarlo si, como expresa el artículo 238, pudiese decretarse un:
…estado de conmoción interior o exterior en caso de conflicto interno o externo, que ponga seriamente en peligro la seguridad de la Nación…
…como consecuencia de un potencial conflicto bélico con algún de estos países.
Esta carta debajo de la manga es un escenario que podría estar presente en cualquier sala situacional del Gobierno en este momento, y aunque no niego que exista en el alto nivel burocrático gente de buena voluntad con un criterio democrático real y sincero, también pienso que puede haber gente que enquistada en la obsesión por el poder, vea, no que la MUD pueda tener el control de la mayoría de la Asamblea Nacional, sino que el pueblo se pueda expresar por una alternativa distinta a la polarización, que rompa los acuerdos que por debajo de mesa existen en el plano de la gobernabilidad entre estos dos factores que hoy poco se diferencian, y estén evaluando el riesgo que representa que una alternativa a este bloque “polarizado” priorice luchar por aquellos que viven de su trabajo, y no por aquellos que viven del trabajo de los otros.
Esto, más que una reflexión alarmante, pretende poner en evidencia un escenario político poco favorable para la mayoría, y tiene como objetivo convocar a la unidad, lucha, batalla y victoria del pueblo venezolano, por encima de los egoísmos que tanto la oposición como el gobierno practican en torno a sus intereses económicos, y no en torno a un proyecto político que proponga resolver la crisis económica y política imperante hoy en nuestro país.
Hoy más que nunca el Gobierno tiene la gran responsabilidad y obligación de garantizar el desarrollo de las elecciones en el mejor de los términos. En este sentido, lo que advierto en estas líneas debe servir de alerta para prevenir cualquier treta que pretenda empujar al gobierno de Maduro a un régimen totalitario “constitucionalmente justificado”.
Por Nicmer Evans/ Konzapata.