SOCIALISMO DEL SIGLO XXI: Colapso económico en Venezuela “fruto de una guerra doctrinaria”

La causa primaria de la presente crisis económica que experimenta Venezuela, podemos ubicarla en la visión doctrinaria que han adoptado los conductores gubernamentales en referencia a la acumulación de capital como eje (que en efecto es) del crecimiento económico y de la movilidad social en función del desarrollo nacional; que en lo atinente al “criollo” proceso revolucionario socialista-–doctrina económica que promueve la eliminación de la propiedad privada de los medios de producción para, afirman, alcanzar una sociedad sin clases donde se instaura la planificación central para coordinar la actividad de las empresas estatizadas—asumen dicha acumulación de capital como una malvada transformación en capital de la plusvalía (parte del trabajo no pagado al trabajador del cual se apropia el empresario¡!) en un contexto de relaciones capitalistas de producción; situación que aspiran revertir a la luz de una socialización de la producción y el trabajo a los efectos que, opinan, el socialismo sustituya al capitalismo al unísono de negar cualquier tipo de acumulación tal como un ¡aumento en el volumen de capital! (base de la explotación del trabajador¡!).
Al propio tiempo, señalan que el salario no constituye el valor del trabajo (remuneración por vender su esfuerzo ¡!) sino la cantidad de dinero que recibe el trabajador de la renta nacional para cubrir sus necesidades en función a la calidad y cantidad del trabajo; de donde emana una contradicción en cuanto a que la mejora del bienestar nacional depende de la elevación en la productividad del trabajo, siendo en la práctica laboral una acción poco pretendida por la burocracia Estatal y obstaculizada para el sector privado mediante “políticas” gubernamentales.
Desde el enfoque opuesto, representado por la economía de mercado—organización social basada en la libre empresa destinada a facilitar la producción y el consumo de bienes y servicios surgidos de la interacción entre la oferta y la demanda, con la eventual participación del Estado para corregir fallas y preservar su eficiencia—la acumulación de capital se entiende como la aplicación de recursos (fondos) destinados a producir nuevo capital bajo la figura de Inversión Real—adquisición de bienes de capital como plantas, equipos e inventarios—canalizada hacia algún tipo de negocio con el fin de aumentar su capacidad de producción; escenario donde el salario representa la remuneración al trabajador por su contribución en la creación del PIB, al tiempo que le confiere la posibilidad de comprar los bienes y servicios emanados del esfuerzo productivo colectivo, sin que medie una inamovilidad complaciente y desestimuladora.
Resulta de Perogrullo señalar, que en la presente Venezuela y ante el desprecio ideológico del alto gobierno hacia la participación en la economía de la actividad privada observado por las trabas que se imponen a la inversión (acumulación de capital) mediante distintas formas de control (cambio, precios, beneficios, asignación política de divisas, libre convertibilidad, etc), consideran innecesario (y estéril) la aplicación de una política pública en un área vital para inducir condiciones para el crecimiento y desarrollo económico como lo es la materia monetaria referida a las decisiones que en ejercicio de una plena autonomía debe tomar el BCV en el manejo de distintas variables (inflación, emisión monetaria, tipo de interés, protección a las reservas internacionales y otras) para propiciar un ambiente estimulador al favorable comportamiento del aparato productivo, y donde la oferta monetaria—cantidad de dinero que circula en la economía para mover las transacciones comerciales y financieras—es una herramienta trascendente para procurar la estabilización del sistema de precios (base de una eficiente economía) sin entrar en el imposible e indeseable intento de controlar directamente la mayoría de los precios de los productos y servicios.
De igual modo, el BCV puede (y debe) imprimir dinero en un contexto de sana economía para comprar deuda (prestar dinero) a través de pagarés gubernamentales y bonos de PDVSA ( aparte de los bonos “Directo BCV”) con la finalidad ortodoxamente correcta de aumentar el tamaño del sistema monetario (y no del Estado) al tiempo de inducir una disminución de la tasa de interés (precio del dinero) para (en una economía distinta a la nuestra) estimular en el sector privado (como debe ser) deslastrado de incertidumbre el deseo de endeudarse (y no el Gobierno) para apuntar dichos recursos a la inversión (acumulación de capital) en pro de hacer crecer la demanda agregada—suma de gastos en bienes y servicios finales adquiridos en el mercado doméstico y en el resto del mundo, para ser destinados al consumo público y privado y a la formación bruta de capital fijo—valor de los bienes duraderos nuevos (junto con los servicios incorporados a ellos) adquiridos por las unidades productoras para ser utilizados en el proceso productivo—; acción racionalmente distinta al simple y perverso hecho de recibir el Gobierno más recursos (distintos a los ordinarios) por parte del BCV para que posteriormente bajo la subyacencia del gasto público instrumente acciones populistas y electorales sin el firme propósito de superar estructuralmente la pobreza (nicho de votos) teniendo como estrategia crear un boom de consumo para inducir una ilusión de prosperidad sin que medie un aumento de la oferta real, con obvio efecto sobre la escasez entendida como la relativa insuficiencia de un bien con respecto a las necesidades, deseos o requerimientos de los consumidores.
A tenor de lo expresado, y como reflexión final no debe extrañarnos para nada noticias tales como que las industrias trabajan a un 54% de su capacidad instalada, que un 67% de las empresas han visto descender la producción y los inventarios, que para el III trimestre 2015 un 41% del empresariado no invertirá (salvo en mantenimiento), que la industria manufacturera no recibe divisas desde hace 7 meses, que el Gobierno mantiene una deuda con el sector privado superior a los US$ 10 millardos, que la incertidumbre inhibe las inversiones, que el sector empresarial se contrajo en un 58,9% en los últimos 16 años, y un largo etcétera.
Economista Jesús Alexis González / Jagp611@gmail.com / @jesusalexis2020