SIN LIBERTAD A OPINAR – Ley del Ciberespacio implanta censura en Internet y las redes

La oposición que hace vida en el entorno digital en Venezuela parece tener los días contados, así como también la privacidad de las compañías y de particulares al usar las redes de interconexión de las empresas que operan en el país.
William Peña / ND
Un anteproyecto denominado “Ley Constitucional del Ciberespacio de la República Bolivariana de Venezuela”, o Ley del Ciberespacio, como es conocida, que se estima será presentado próximamente en la írrita ANC, plantea, en sus más de 47 artículos, la aniquilación de la privacidad digital en el país, tanto la personal como la empresarial.
El proyecto, al que tuvo acceso Noticiero Digital, en su artículo 5 convierte el uso del ciberespacio en “una actividad de interés público y estratégico para la defensa integral de la nación”, sometiendo la actividad, así como pasó con la Ley Orgánica de Telecomunicaciones cuando su actividad fue cambiada de interés general a público, a las políticas que el Estado emane en su beneficio (el sector telecom conoce de ello) y, además, le crea una serie de límites, controles, regulaciones, entre otros, que impedirán a las empresas la independencia en sus redes, así como también limitará proyectos que mejoren las conexiones o sus usos en el país.
Es decir que la información que viaja por las redes, así como la expansión, uso, hoy día no reguladas, quedarán a potestad de regulación y control del Gobierno, no sólo la infraestructura, sino también el contenido que por allí circula.
Y es que bajo la óptica de la Ley del Ciberespacio, este quedará limitado al “entorno de interacción digital conformado por elementos tangibles e intangibles que se generan durante el tiempo de interconexión e interoperabilidad de redes, sistemas, equipos y personal relacionados con los sistemas informáticos cualesquiera que sean estos y las telecomunicaciones que los vinculan”, y los contenidos y redes estarán sometido a vigilancia, son los canales de acceso, producción, transmisión y almacenaje de datos e información, así como también estará bajo esta norma la interacción a través de una red de comunicaciones por cualquier medio.
Todo ello, así como cualquier otra actividad que se realice o tenga efectos en el país estará bajo vigilancia y, por ende, bajo control del Gobierno.
El artículo 8 destaca que serán las infraestructuras tecnológicas, así como de servicios, los usuarios y los datos, además de toda la información que pase por las redes y que estén o no en el país, las que estarán sometidas a la regulación.
“La seguridad en el Ciberespacio venezolano, para efectos de esta Ley comprende: Seguridad de Tecnologías de Información y Seguridad de Contenido”, destaca la Ley del Ciberespacio.
Y precisamente el artículo 10 profundiza en el control:
“La seguridad de contenidos comprende el conjunto de herramientas, políticas, normas o procedimientos, acciones técnicas y jurídicas especializadas, que deberá el órgano competente en materia de Ciberespacio establecer mediante reglamento para garantizar el respeto, la paz, tolerancia y convivencia pacífica del país”.
En esa misma línea, el artículo 13 obliga a los ciudadanos a no repudiar a través de los mensajes que emita en el denominado ciberespacio y, además, lo hace responsable de lo que emita, así como también responsabiliza a las personas jurídicas de lo que pase por sus redes, obligándolas a la censura de contenidos.
Una Ley invasiva
El anteproyecto de Ley de Ciberespacio busca, además, convertir al Gobierno en dueño de las infraestructuras críticas, al establecer, entre otras cosas, que las empresas tendrán la obligación de abrir sus redes e infraestructuras a personal designado por el Gobierno cuando este lo considere necesario.
Además, las obliga a capacitar al personal designado por el Gobierno y permitir el acceso a sus infraestructuras cuando ellos lo decidan, quitándoles la privacidad en el manejo de sus datos, entre otros.
El artículo 18 también impone auditorías para “mitigar” las acciones que pongan en riesgo la confiabilidad de los datos y obliga a las empresas a suministrar información sobre la infraestructura que administran al ente encargado de vigilarlas.
Así, bajo el amparo de esta Ley, ninguna empresa tendrá privacidad en sus infraestructuras, datos y mucho menos opciones de otro tipo.
Pero eso no es todo. El artículo 22 deja desnuda la privacidad de los datos de los usuarios, pues permite que la autoridad competente (crearán un órgano para ello), pueda realizar cualquier operación, entre ellas la obtención de datos, así como el uso de éstos y la difusión sin el consentimiento de los afectados. Destaca que sólo lo harán cuando sea necesario, pero en la práctica, desde hace 20 años no se cumple la Ley. En el artículo 23 la norma permite que se obtenga cualquier dato personal o empresarial sin mayor objeción.
El artículo 24 convierte al ciudadano, así como a las empresas en policías, pues les obliga a reportar o denunciar las situaciones que consideren irregulares o que puedan:
“…poner en riesgo o afectar el uso y acceso legal del ciberespacio nacional, así como mensajes, información o contenidos que perjudiquen el honor y la reputación de las personas, o que afecten la paz interna, el orden político, económico, social y el bien común general”.
En pocas palabras, un proveedor X tendrá que reportar que un ciudadano está insultando por Twitter a un político y, con ello, el ciudadano será sometido al imperio de la nueva Ley de Ciberespacio.
Multas y prisión
La Ley del Ciberespacio, que tendrá, entre otras cosas, un sistema nacional para resguardar la información, así como un centro nacional de Ciberespacio, que será la autoridad garante de la seguridad del contenido que se mueve en el ciberespacio, también tendrá la potestad de, como dice el numeral 2 y 22 del artículo 35, monitorear, alertar, bloquear, sustanciar expedientes sobre contenidos que atenten el honor, la vida privada, intimidad, propia imagen, reputación de las personas o publicidad engañosa, así como el acoso, explotación sexual, pornografía infantil, desestabilización económica, política, social de la nación.
En fin, un ente que tendrá la potestad de aniquilar todo el contenido que circula en las redes y con autorización, bajo el paraguas de una nueva Ley.
Para lograrlo, la Ley creará un sistema de sanciones que incluyen, entre otras cosas, multas de entre 50 mil 200 mil unidades tributarias a los propietarios y operadores de infraestructura crítica, mientras que los titulares de datos, proveedores de servicios y usuarios, también tendrán que pagar multas de entre 50 mil y 200 mil unidades tributarias si violan las normas.
A los proveedores de Internet y afines que incumplan las obligaciones previstas en la Ley, les corresponderá pagar multas de entre 100 mil 400 mil unidades tributarias.
El proyecto, que será presentado próximamente según fuentes ligadas al documento, busca generar miedo en el entorno digital, no sólo en el ciudadano y los datos que cruza, sino en el corporativo, pues permitirá que el Gobierno tenga acceso a la información que le provoque y sin que la empresa pueda negarse.