ALTO

¿SÍ O NO?:

Todo el día de ayer circularon distintas versiones desde los más variados medios en torno a una supuesta renuncia del otrora zar del petróleo venezolano, quien por diez años del 2004 al 2014 fuera el presidente de Petróleos de Venezuela y hoy representa a su país en la ONU. En esa época los precios del “oro negro” pasaron la barrera de los 100 dólares y por órdenes de Chávez la empresa se involucró en actividades muy distintas a la exploración, extracción y comercialización del vital mineral. Los negocios con ese dinero florecieron en órdenes tan disímiles como construcción de viviendas e importación de alimentos en tal cantidad que muchas de esas compras se pudrieron en contenedores y depósitos ante la ineficiencia y prevaricación de cientos de funcionarios.  Los cuestionamientos a su gestión-si bien es cierto que se comentaban a “sotto voce” mientras el caudillo Hugo Rafael vivía- aumentaron inmediatamente que asumió la presidencia Nicolás Maduro quien lo nombró segundo canciller de su gobierno -tan solo por tres meses y medio- para sacarlo del país como embajador ante las Naciones Unidas en diciembre de 2014. Lo que muchos empleados y trabajadores de la actual PDVSA han llamado una “razzia” para colocar militares leales en los cargos más importantes, parece obedecer a la lucha interna del PSUV y conseguir así algunos culpables a quienes achacar no solo la comprobada corrupción de muchos de ellos sino la culpa de todos los males de un pésimo, ineficiente, dilapidador, inhumano y corrupto gobierno. Tanto Ramírez Carreño como su cuñado Baldo Sansó Rondón y su primo hermano Diego Salazar Carreño han estado en la mira del gobierno militar-cívico desde que asumió Nicolás. Los negocios que ahora les achacan e investigan van desde contratos milmillonarios a muchos amigos como el manejo de los seguros de PDVSA y una supuesta farsa con los reaseguros como habría quedado demostrado tras el incendio de la refinería de Amuay en agosto de 2012. La guerra entre funcionarios rojos, civiles y militares por igual, raspando la olla del exiguo Tesoro Nacional avanza a diario. Veremos si de verdad, como anunció el presidente en una de sus agobiantes y repetitivas cadenas, dan a conocer la lista de nombres de los corruptos que ahora se empeñan en descubrir tras 18 años de actuación impune y complaciente. PDVSA, otrora ejemplo de eficiencia venezolana y una de las cinco primeras petroleras del mundo, “sufre hoy el éxodo de personal calificado agobiado por la persecución laboral y cuyo deterioro de su calidad de vida aumentará con la militarización” como apuntó en la prensa el dirigente Iván Freites. “El 30% de los profesionales y técnicos renunció en 2016 para emigrar a petroleras de otros países y este año el porcentaje será mayor”. ¿Estará PDVSA en peligro de “extensión”? (sic) como diría el jefe máximo. Solo recordemos que el 23 de noviembre de 2016 Maduro autorizó la reestructuración de PDVSA para “luchar contra la corrupción” y éste 26 de noviembre de 2017 nos dijo que habrá una reestructuración de la petrolera para combatir la corrupción. Copio la frase con la que me contesta un amigo que está cercano a la investigación petrolera cuando le pido información: “la situación es muy delicada, pero han descubierto cosas que sencillamente son obscenas”.
 

MEDIO

¿GUISAR&GUISAR?:

Después de la destrucción del tejido social y económico la segunda mayor caracterización de este régimen, es la voracidad sin límites con que abordaron, se repartieron y desaparecieron los dineros públicos. Desde el sector primario más básico hasta las complejidades de la industria petroquímica o las demandantes obligaciones multinacionales, para el chavismo todo tuvo un permanente objetivo: los dineros del estado venezolano son de nosotros, son para nuestros bolsillos y mi partido. Esta consideración viene al caso cuando leemos una comunicación por medio de la cual se comprueba que el debilitado sector industrial venezolano padece una nueva epidemia. Son varias las empresas que han recibido de la Procuraría General de la República cartas firmadas por un abogado con iniciales R.O., a los efectos identificado como “Coordinador Integral de Asuntos Penales” solicitándole a las empresas que en el término de 3 días hábiles, entreguen detalles sobre sus registros, solvencias, manifiestos de importaciones, registros del sistema aduanero, identificación de proveedores, agentes aduanales, explicación que justifica sus importaciones, dónde están sus depósitos, los nombres de a quienes se les quiere vender lo que se importa y cuáles son sus acuerdos comerciales vigentes. El último requisito, #15, que se le pide a las empresas: “Así como cualquier otra información de interés complementaria”. Qué carrizo tiene que estar pidiendo la PGR a través de un “coordinador” información que es de la competencia del ministerio de Industria, los despachos responsables de las exportaciones o, en todo caso, del Seniat. Empresarios que la recibieron llegaron a una obvia conclusión: se les ha abierto una nueva forma de guisar, de obtener dinero ilegalmente a costa de sus empresas. ¿Cómo es la estructura de la Procuraduría? Sabemos que en medio de la peor administración pública que hayamos tenido, hoy Venezuela no tiene un Procurador titulado sino un encargado. ¿Y los Directores Generales de ese organismo? ¿Coordinador” en un despacho que, según la Constitución, su función es representar judicial y extrajudicialmente los intereses de la Republica, y nada más?  Por supuesto que en la inconstitucional ANC ni en el despacho del sustituto Fiscal General este tipo de conducta no existe y, de ser reconocida su existencia, la misma no representa delito alguno. Siguen destruyendo …
 

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