DONDE ESTA EL HAMPA? – 35 % de los homicidios que ocurren en Caracas son cometidos por policías o militares

Entre los meses de mayo y septiembre de 2017 se reportaron 755 homicidios en la Gran Caracas, de los cuales 246 fueron víctimas de las fuerzas policiales en operativos, lo que coloca al Estado como el primer victimario, siendo el segundo civiles independientes y el tercero bandas organizadas. “Los policías limpiaron la zona y dejaron a mi hijo en el carro desangrándose”, declaró el familiar de uno de los fallecidos
Fabiana Crisci
@fabicrisci17
“La policía dijo que fue un enfrentamiento, pero José bajó a la bodega para comprarle un dulce a su hijo”, contó Cineirys Acosta, madrastra de José Gregoria Sosa.  El joven de 22 años murió el mes de julio, en el barrio Guaicaipuro de la UD2 de Caricuao, municipio Libertador, trabajaba con su tía como comerciante y vivía con una familia grande, entre ellos, su hijo.
La madrastra de José Gregorio iba llegando para celebrar el cumpleaños de uno de los integrantes de la familia, cuando los vecinos le avisaron que lo había matado. “La Policía Nacional Bolivariana llegó en un taxi del gobierno, sin placas, se bajaron y le dispararon. Él corrió con el tiro, hasta una Iglesia Evangélica cercana, la policía entró, lo sacó y le volvió a disparar; limpiaron la zona y lo dejaron en el carro desangrándose; luego lo llevaron al Hospital Pérez Carreño y ahí murió”, relató Acosta según lo que contaron los vecinos.
El criminólogo Fermín Mármol García explica que las conductas violentas se afianzan en los países en vías de desarrollo, y que esto se agrava cuando se trata de los funcionarios policiales. Reconoce que las instituciones en el país se han deteriorado en lo que va del siglo XXI, lo cual adjudica a la pérdida de meritocracia, la división de poderes, la falta de transparencia en la justicia y a los impedimentos para el ejercicio del periodismo.
El Estado ocupada el primer lugar entre los victimarios. Los hechos de violencia relacionados con los excesos de las fuerzas del Estado fueron 246 casos en total durante los cinco meses, 145 (59%) fueron por resistencia a la autoridad y 98 (40%) por ajusticiamiento, ocupando el primer lugar entre los móviles de muertes violentas en el área metropolitana.
El registro de estas cifras fue hecho por Monitor de Víctimas, un proyecto desarrollado por Runrun.es y Caracas Mi Convive, que combina periodismo de datos, participación ciudadana y periodismo de investigación. A través de la recolección de información -en alianza con ElPitazo.com, EfectoCocuyo.com, Crónica.Uno y ElUniversal.com- sobre los homicidios que ocurren en la capital venezolana, se busca caracterizar los hechos e identificar patrones que contribuyan con el diseño de políticas públicas orientadas a reducir la violencia.
Keymer Ávila, investigador del Instituto de Ciencias Penales de la Universidad Central de Venezuela y colaborador del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), señala que en el seguimiento que hace la organización a los casos, basados en las informaciones de prensa, estimaron que de las muertes en manos de los cuerpos de seguridad del Estado, al menos el 86% son casos de ejecuciones extrajudiciales.
Dentro de los casos que se registraron como ajusticiamiento y resistencia a la autoridad, 133 (56%) fueron cometidos por la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y 87 (37%) por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), a pesar de que ambos funcionan en toda el Área Metropolitana. El promedio de edad entre los fallecidos es de 23 años; 15 eran menores de edad y el 14% era menor de 20 años. Lo cual coincide con cifras del 2015 del Comité de Familiares de las Víctimas (Cofavic), en las que se registró que el 81% (1.221 casos) eran menores de 25 años, de un total de 1.410 casos de presuntas violaciones a los derechos humanos.
Para Ávila, en muchos casos los cuerpos de seguridad usan las redes sociales para buscar a los azotes “¿Qué pasa si en el mismo barrio hay un joven con características físicas similares o con el mismo nombre? En las denuncias de las víctimas son recurrentes los relatos sobre confusiones” explicó.
Los asesinatos en manos de cuerpos del Estado durante estos cinco meses representan el 47% del total de casos del año pasado registrados como resistencia a la autoridad, según datos suministrados a Runrunes a través de una filtración.

Cuando la escena del crimen es tu casa
Luisver Mejías murió en la puerta de su casa, a las seis y media de la mañana, cuando regresaba de viaje. Tenía 22 años y se dedicaba al comercio. La PNB realizaba un operativo en el edificio, ubicado en la avenida Urdaneta del municipio Libertador. Kleivelin Mejías, hermana de la víctima, contó que desde las seis hasta las dos de la tarde estuvieron “secuestradas” su cuñada y sobrinas. La familia oyó disparos hasta las ocho, pero no fue sino hasta después de medio día que les permitieron salir de la habitación donde se encontraban. “Hasta la tarde no supimos que habían matado a mi hermano”, relató.
Mejías también denunció abusos por parte del cuerpo policial, contó que a su hermano le robaron un pan que traía a su familia, que los funcionarios se acostaron en los muebles de la sala y, además, denunció que se llevaron prendas y dinero en efectivo que tenía la esposa de la víctima. El hecho se registró como un enfrentamiento, pero el único fallecido fue su hermano.
Los asesinatos dentro de las vivienda se ha incrementado durante los cinco meses, un total de 80 casos (33%) fueron en los hogares y 160 (65%) en la vía pública. Del total de casos de muertes en manos de la policía, 34% estaban armados mientras que el 42% no, sin embargo, 46 de las víctimas que fueron asesinadas en sus hogares no estaban armadas, solo se registraron 17 que sí poseían.
Hiklis Javier Soler también murió en su casa; tenía 27 años, se dedicaba al comercio informal en Petare y vivía con su concubina. Soler estuvo preso ocho meses por robo a los 17 años, y hasta el día en que murió acudió a las presentaciones, aunque ya las había cumplido, contaron familiares cercanos. Su muerte, en el mes de julio, fue registrada como un enfrentamiento en La Dolorita, Petare, por el Cuerpo de Investigaciones Penales y Criminalísticas, en el que él, como en otros casos, fue el único fallecido.
“El Cicpc estaba en la casa cuando nosotros llegamos, no sabíamos qué había pasado. Los vecinos dijeron que eran cinco muchachos, dejaron ir a tres porque eran menores y quedaron mi hermano y otro. La gente escuchaba sus gritos pidiendo que no le pegaran”, contó Yuleidis Alcántara, hermana de la víctima.
Ambas familias denunciaron abusos y excesos en el comportamiento de los cuerpos policiales, asegurando que a las víctimas las despojaron de sus pertenencias. “Le quitaron su teléfono y hasta las chucherías que vendía”, contó la hermana de Soler, quien también denunció que al momento de poner la denuncia un funcionario le explicó que “no se podía hacer mucho”, ya que su hermano estaba involucrado en un asesinato o secuestro, y que en esos casos la orden era matarlos.
Sin embargo, el criminólogo Mármol García considera que los homicidios cometidos por funcionarios son pequeños focos dentro de las instituciones que materializan violaciones de Derechos Humanos y debidos procesos, pero como muchas veces no tienen un castigo genera imitación.
Por otra parte, Keymer Ávila opina que el aumento de este tipo de muertes y la falta de políticas o respuesta institucional hace pensar que no son casos aislados, coincide que al no haber una reacción para frenar estos hechos las acciones se repiten. “Al haber tolerancia también hay responsabilidad del Estado”, agregó.
El Código Procesal Penal establece, en sus artículos 194 y 196, las excepciones para la materialización de los allanamientos: Cuando se trate de flagrancia o cuando la autoridad tenga la seguridad de que se está materializando un delito dentro de ese inmueble.
Simulación de enfrentamientos
Rodolfo Silva era comerciante y vivía con su pareja. Aunque estuvo preso por violencia de género no tenían antecedentes penales por otros delitos. Según la versión de los vecinos, Silva iba caminando por la calle 16 de los Jardines de El Valle, municipio Libertador, cuando lo montaron en un carro, lo trasladaron hasta la calle cuatro, y allí fue asesinado en un hecho reportado también como enfrentamiento.
Provea, en 2016, realizó el informe “Poder Sin Límites”, junto con Human Rigths Watch, donde se exponen denuncias sobre la Operación de Liberación del Pueblo (OLP) y actualmente las historias siguen siendo similares. El informe presenta evidencias sobre casos de víctimas que murieron por disparos de miembros de las fuerzas de seguridad, que no representaban una amenaza o personas que no habían opuesto resistencia, saqueos de viviendas y personas fueron vistas por última vez bajo custodia policial y luego fueron halladas muertas.
Según lo recogido por Monitor de Víctimas, entre las denuncias de los familiares existe un factor común: denuncias sobre la supuesta simulación de enfrentamientos. “A una vecina que estaba afuera la amedrentaron con tiros, pero ella vio cómo se organizaban los funcionarios para empezar a disparar y simular un enfrentamiento”, dijo la familia de Hilkis Soler, fallecido en su casa en La Dolorita.
Los familiares de Rodolfo Silva contaron que a pesar que el día de su muerte se oyeron disparos desde la calle donde fue asesinado, el único fallecido fue él. “Por la casa siempre es así, la otra vez se llevaron a un muchacho vivo, luego empezaron a disparar como simulando un enfrentamiento y ellos mismos recogieron las balas”, denunciaron.
El investigador Keymer Ávila explica que en un trabajo realizado hace unos años, apenas el 7% de los casos de violencia policial eran en enfrentamiento. “Parecieran ser casos excepcionales y que la generalidad es un uso excesivo y desproporción de la fuerza por parte de los organismos”, señaló.
Los vecinos del sector San Miguel, en la Cota 905, municipio Libertador, recuerdan el caso de cuatro fallecidos en manos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), les dispararon con silenciador cuando se encontraban en la cancha y luego, al rato de asesinarlos, simularon un enfrentamiento. “Dos de los jóvenes eran menores, tenían 17 años, y no estaban metidos en nada malo, a uno lo ajusticiaron frente a su casa y al otro, ya con disparos, lo hicieron correr hasta la avenida”, contaron los habitantes de la zona.
Ávila también explica que todas las personas tienen el derecho a la legítima defensa, la cual debe ser necesaria y proporcional, equivalente a la agresión que se recibe. Es decir, los funcionarios tienen que repeler el ataque de manera proporcional y suficiente, basándose en un principio de necesidad y progresividad. “En un enfrentamiento siempre resultan las dos partes, al menos afectadas, y en ninguno de estos casos se reportan funcionarios heridos, eso demuestra un uso desproporcionado de la fuerza y que no se aplica la legítima defensa”, agregó.
Víctimas colaterales
Los familiares de Rodolfo Silva supieron del fallecimiento al enterarse que estaba en el Hospital de Coche gracias a un amigo que lo reconoció, nunca les precisaron qué había sucedido o quién lo había trasladado. Al momento de poner la denuncia, para retirar el cuerpo, tampoco tuvieron respuesta sobre el caso. “En el papel pusieron que era la Policía Nacional Bolivariana, pero nadie nos dice nada”, comentó una mujer cercana a Silva quien prefirió resguardar su nombre.
Según las cifras recientes de Cofavic, 72% de las personas que denuncian los hechos son del sexo femenino, quienes también son reconocidas como víctimas (madres, hermanas y abuelas), además, en la mayoría de los casos la víctima asesinada representaba el principal o único sostén económico del hogar. Según los datos que Monitor de Víctimasrecogió, del total de los casos, 84 eran padres y solo dos tenían hijos mayores de 18 años.
En solo tres meses Monitor de Víctimas registró que 15 de las víctimas en manos de los cuerpos policiales eran menores de edad, un número menor al estimado por mes según las cifras de Cecodap en 2016. Según la organización, de 1.150 casos de homicidios de niños y adolescentes 408 fallecieron a manos de los cuerpos de seguridad del Estado, siendo al menos 61 las víctimas de ejecuciones extrajudiciales.
Monitor de Víctimas también constató que de los 246 casos de muertes por fuerzas del Estado, 51 de los entrevistados están entre madres, esposas y hermanas, representando las progenitoras el 10%.
Otros delitos
De total de casos cometidos por efectivos policiales, al menos 10 están relacionados con móviles como robo, ajuste de cuenta o violencia política.
Mármol García manifiesta que el sin sabor de los venezolanos ante las autoridades es evidente. Explica que estamos en una etapa donde la población no confía en las instituciones, en los funcionarios ni en la administración de justicia. Considera que en algunos casos para la sociedad está bien visto que la policía castigue a un delincuente atroz, pero señala que el país debe asumir si quiere una administración garantista o inquisitiva.
Estudios sobre la percepción de la seguridad realizados por el Observatorio Venezolano de Violencia señalan, en su informe de 2016, que “menos del 10% de la población considera como buenos o confiables a los policías, los tribunales o las penitenciarías”.
“Estamos en un país que se primitivizó, es factible que los hombres de uniforme desvíen su conducta. Son muchos los casos de funcionarios que se prestaron para cometer delitos”, señaló Mármol García.